Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar una anàlisi d'ús i de mesurament de la nostra web, per millorar els nostres serveis, així com per facilitar publicitat personalitzada mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació i preferències. Podeu canviar la configuració de les galetes o obtenir més informació, veure política de cookies. Entenc i accepto l'ús de cookies.

El coronavirus, oportunidad para la cooperación en América Latina

16 de abril 2020
Andrea Bianculli

Artículo publicado en español en "Agenda Pública" el 18 de marzo de 2020
Publicat també en anglès a "The United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS)" el 15 d'abril de 2020

A comienzos de este siglo, América Latina, y sobre todo América del Sur, viraba a la izquierda. Los gobiernos progresistas que llegaron entonces al poder, catalogados con laxitud como nueva izquierda, promovieron políticas que, más allá de sus variaciones entre países y momentos específicos de esta ola progresista, buscaron dar al Estado el lugar central que había perdido luego de años de neoliberalismo, privatización y reformas estructurales. Este rol se refería tanto a la economía como a lo político y lo social. La agenda social recobró entonces su relevancia, a través de distintas iniciativas domésticas que buscaban recuperar años de desinversión y superar la creciente pobreza y desigualdad que afectaba a la región. Estas políticas resonaron a nivel regional.

Así, el Mercosur, un proyecto que se enmarcaba muy bien en la ola del regionalismo abierto o nuevo regionalismo, y cuyo objetivo era lograr una mejor inserción de estos países en un contexto internacional caracterizado por la globalización económica y financiera de los años 1990, se reformuló –con la llegada al Gobierno de Brasil y Argentina de Lula da Silva y Néstor Kirchner– a través del llamado Consenso de Buenos Aires.

A partir de este nuevo acuerdo, alejado del eje de Washington, se decidió impulsar las agendas políticas, productivas y sociales del bloque. Sobre esta base, Mercosur anunció en 2004 su primera política redistributiva: el Fondo para la Convergencia Estructural (Focem), que debía promover la convergencia estructural, el desarrollo competitivo y la cohesión social dentro y entre los países miembros. Desde una dimensión estrictamente social, se estableció un año más tarde el Consejo de Ministros de Desarrollo Social, mientras que en 2007 se creó el Instituto Social del Mercosur (ISM) para proporcionar asistencia técnica en la formulación de políticas sociales regionales y para elaborar un Plan Estratégico Social Acción con el objetivo de reducir la pobreza, redistribuir la riqueza, promover la justicia social y regular las instituciones del mercado.

Sin embargo, la cooperación en materia estrictamente social no era nueva en Mercosur. De hecho, a comienzos de los años 1990 la salud, junto con la educación, aparecieron como un tema de agenda del bloque.

Dentro de esta organización, la salud se definió ya entonces como un problema político que debía ser abordado a nivel regional y desde una doble perspectiva: por un lado, en estrecha relación con la armonización de políticas y la eliminación de aquellas regulaciones y normas nacionales que resultaren contradictorias o conflictivas, especialmente de cara a la creación del mercado común; por otro lado, la salud destacó como un problema que requería la coordinación, al nivel de Mercosur, de políticas nacionales sectoriales. Así, el trabajo técnico de la primera Comisión de Productos de la Salud, y que sería luego profundizado a través del Subgrupo de Trabajo 11 (SGT11), se complementó con las actividades de la reunión de ministros de Salud, que buscaron la coordinación de políticas y la implementación de acciones conjuntas para promocionar, prevenir y proteger la salud.

Ambas instancias llevan ya 28 años de cooperación y acción conjunta regional, que se ha traducido en más de 300 normativas regionales, tanto técnicas como políticas. Además de esta producción normativa, es de destacar la colaboración que durante estos años se ha construido en todo lo relacionado con la vigilancia de salud en las zonas fronterizas, la vigilancia epidemiológica y el control sanitario, así como los sistemas de información y comunicación en esta materia y las estrategias de prevención y control de transmisión de enfermedades como son el caso del dengue, el zika y el chikungunya, muchas de las cuales quedan lejos de las preocupaciones de los países del norte.

Por otra parte, tanto las actividades del SGT11 como las reuniones de ministros, y sus distintas comisiones y grupos de trabajo, incluyen la realización de encuentros, muchos de ellos de frecuencia semestral. Éstos se han constituido como espacio de socialización y aprendizaje entre funcionarios, profesionales, técnicos y expertos de distintos niveles tanto de los países miembros como de los asociados. Estas redes, en casos concretos, han servido para la construcción de capacidades y la articulación de respuestas y estrategias conjuntas, como por ejemplo para la compra conjunta de medicamentos. En este sentido, destaca la rapidez con que Mercosur, a través de su Comisión Intergubernamental de Política de Medicamentos, decidió retomar la agenda de trabajo que hasta entonces venía haciendo Unasur, y con quien se había iniciado cierta articulación.

Hace unos días, Yanina Welp se preguntaba en qué medida América Latina podía beneficiarse del haber llegado tarde a la pandemia del coronavirus y aprovechar la experiencia de otros países, entre ellos los europeos. Hoy, de la misma manera, la región tiene otra oportunidad: la de tomar nota de las dificultades que la misma Unión Europea ha tenido para coordinar una acción conjunta de sus estados miembros, muchos de los cuales han recurrido a estrategias individuales y, en algunos casos, poco solidarias (del tipo sálvese quien pueda) para hacer frente a la pandemia.

Ciertamente, Mercosur, como todo proceso regional, admite sus luces y sus sombras. Actualmente, son muchas las incertidumbres que se ciernen sobre el bloque, al tiempo que algunos actores, como es el caso de la Comunidad Andina, están promoviendo una articulación institucional más marcada entre los proyectos regionales que siguen en pie. El coronavirus supone una amenaza para la salud pública y nos recuerda de una manera clara y dolorosa la relevancia de la cooperación para gestionar los desafíos transfronterizos. En este contexto, lo regional, en tanto nivel entre lo nacional y lo internacional, aparece como un espacio clave a la hora de dar respuestas concertadas a un asunto en el que las políticas y decisiones nacionales pueden ser ineficaces si no se articulan con otros actores que operan en otros niveles.

El coronavirus ofrece algo más que una oportunidad para la cooperación en América Latina. En realidad, exige buscar respuestas regionales a esta pandemia global, y profundizar así en la cooperación en salud para una región que ha cosechado importantes antecedentes y logros, incluyendo entre otros, el Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue y la Organización Panamericana de la Salud. Por supuesto, esto requiere, tal como viene haciendo Mercosur desde los 1990, de dos fuerzas dinamizadoras clave: la cooperación política y técnica. Esto es fundamental para atender la crisis de salud pública y mitigar sus consecuencias económicas y sociales.

**

Los datos de Mercosur manejados en este análisis han sido extraídos del proyecto de investigación de la autora ‘Regional social regulation in Latin America: A new agenda for development? Prospects and challenges’ (2016-2019), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España.